Por: Juan Rizzo y Julio Medina
Investigadores del Centro de Investigaciones Económicas de la Espol
Cada 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que recuerda las luchas históricas por mejores condiciones laborales y, en particular, por la jornada de ocho horas. Su origen moderno se vincula con las movilizaciones obreras de Chicago de 1886, que se convirtieron en un símbolo internacional de la organización de los trabajadores y de la búsqueda de derechos laborales. Desde entonces, el 1 de mayo no solo es una pausa en el calendario, sino una invitación a pensar qué tipo de trabajo sostiene a nuestras sociedades y qué condiciones permiten que ese trabajo se convierta en bienestar.
En economía, el trabajo ocupa un lugar central porque conecta dos dimensiones. Por un lado, es un factor de producción: junto con el capital, la tecnología y los recursos naturales, permite generar bienes y servicios. Por otro lado, es la principal fuente de ingresos de los hogares. Por eso, cuando hablamos del mercado laboral no hablamos únicamente de empleo o desempleo; hablamos de productividad, salarios, protección social, desigualdad, movilidad social y calidad de vida.
En el caso ecuatoriano, las cifras muestran una fotografía con avances, pero también con desafíos. Según la ENEMDU del INEC, en diciembre de 2025 el empleo adecuado o pleno alcanzó el 37,1% de la población económicamente activa, frente al 33,0% registrado en diciembre de 2024. En el mismo período, el subempleo se ubicó en 17,4%, su nivel más bajo en los últimos siete años, mientras que la tasa de desempleo nacional fue de 2,6%. Estos datos sugieren una mejora en varios indicadores laborales, especialmente si se comparan con el cierre del año anterior. Sin embargo, el principal reto del mercado laboral ecuatoriano no se resume en la falta absoluta de empleo, sino en la calidad de ese empleo. En diciembre de 2025, el 54,2% de las personas con empleo se encontraba en el sector informal de la economía, una condición asociada con menor acceso a seguridad social, menor estabilidad y menores posibilidades de crecimiento productivo.
Esta diferencia es importante. Un país puede tener una baja tasa de desempleo y, al mismo tiempo, enfrentar problemas laborales profundos. En economías con alta informalidad, muchas personas no pueden darse el lujo de estar desempleadas: trabajan en lo que encuentran, aunque los ingresos sean inestables, las jornadas extensas o la protección social inexistente. Por eso, mirar solo la tasa de desempleo puede llevar a conclusiones incompletas. El indicador clave es más amplio: cuántas personas acceden a empleos productivos, estables y con ingresos suficientes.
La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo decente como aquel que ofrece oportunidades productivas, ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo, protección social, libertad de organización, igualdad de oportunidades y posibilidades de desarrollo personal. Esta definición es útil porque nos recuerda que el trabajo no debe entenderse únicamente como un factor más de producción, sino como una vía para construir dignidad, autonomía y progreso.
El desempeño económico reciente ofrece un contexto relevante. El Banco Central del Ecuador informó que en 2025 el PIB del país creció 3,7%, impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones, la inversión y el consumo de los hogares. A nivel sectorial, 16 de las 20 actividades económicas registraron crecimiento, con dinamismo en comercio, agricultura, manufactura de alimentos, actividades financieras y servicios profesionales. Esta recuperación es una buena noticia, pero plantea una pregunta de fondo: ¿cómo convertir el crecimiento económico en mejores empleos?
La respuesta no es automática. Para que el crecimiento se traduzca en bienestar laboral se requiere elevar la productividad. Esto implica mejorar la educación y la capacitación técnica, facilitar la adopción tecnológica, reducir barreras para la formalización, fortalecer el acceso al crédito productivo y promover sectores capaces de generar empleo de calidad. Un mercado laboral más sólido no se crea únicamente por decreto; necesita empresas que puedan crecer, trabajadores con habilidades pertinentes y reglas que incentiven la contratación sin descuidar los derechos laborales.
También es fundamental reconocer las brechas territoriales. En diciembre de 2025, el empleo adecuado fue de 46,0% en el área urbana y apenas 20,2% en el área rural. La pobreza por ingresos también mostró diferencias importantes: 13,8% en zonas urbanas frente a 37,6% en zonas rurales. Estas brechas evidencian que la discusión laboral no puede separarse de la estructura productiva del territorio. Mejorar el empleo rural exige pensar en infraestructura, conectividad, cadenas agroproductivas, asistencia técnica y acceso a mercados. En este marco, el salario básico unificado también forma parte del debate. Para 2026, Ecuador fijó el salario básico en USD 482, con un incremento de USD 12 respecto al año anterior, luego de un acuerdo entre representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores. El diálogo es valioso porque reconoce que el mercado laboral no es un espacio de intereses aislados, sino de corresponsabilidad: los trabajadores buscan mejores ingresos, las empresas requieren sostenibilidad y el Estado debe procurar reglas claras y protección social.
El 1 de mayo, entonces, no debería ser solo una fecha conmemorativa. Es una oportunidad para mirar el trabajo como el puente entre crecimiento económico y desarrollo humano. Ecuador ha mostrado señales recientes de recuperación laboral y económica, pero el desafío central sigue siendo construir un mercado laboral más formal.
Celebrar el trabajo implica reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen hogares, empresas, comunidades e instituciones. Pero también implica asumir una tarea colectiva: que cada vez más ecuatorianos no solo tengan una ocupación, sino un empleo digno, con ingresos suficientes, protección y oportunidades reales de progreso.
